Mercado de Dinero - Fórum/Afinsa: Hay solución, pero cuidado...

Luis Pineda, presidente de Ausbanc.

Ya está claro. Una concatenación de acontecimientos desafortunados y torticeros nos han llevado a esta crisis de pesadilla. Comprar, vender, gestionar este flujo, sellos, no es molesto, nocivo ni peligroso y, sobre todo, no se, no ha sido ilegal. El Estado, los que manejas las palancas del poder, ha decidido, de facto intervenir y clausurar esta actividad. Además de criminalizar a sus gerentes y, por añadidura a sus clientes, como si de una gran organización criminal se tratara. Han actuado al estilo de los estados comunistas soviéticos, desposeyendo a la sociedad privada, civil, de un sector de actividad querido por la ciudadanía y apoyada por su decisión de compra y renovación de contratos. La excusa: pretendidos delitos que cada vez se ve más claro que, o no existen, o no justifican en absoluto una actuación tan brutal y atentatoria a la libertad de elección, a la libre economía, a la autonomía de la voluntad de los consumidores, a la libre iniciativa empresarial.
La inspección de Hacienda se lucró durante años de estas empresas exigiendo el pago de impuestos con rigor, no las permitió provisionar -guardar dinero para el futuro cumplimiento de sus compromisis de lo que ahora se les acusa-, exigiéndoles más y más impuestos. Después decidió, sin pruebas ni una labor de investigación, que todo era falso, que su objeto social era una tapadera y que no había, en realidad, sellos. Sí, los había. A continuación, visto que existían sellos, pensaron -también sin prueba alguna- que los sellos eran falsos. Craso error, son verdaderos y valiosos. Por último sólo les quedaba decir que abusaban en el precio, que vendían caro, que estaban sobrevalorados. Pero lo cierto es que gracias a la actividad organizada y legal de esas sociedades ese sector prosperaba y cada día más gente quería entrar en ese mercado y pagar más. Si la tesis de la sobrevaloración propera, Dios, Channel, Escada, Tommy Hillfiger, Fumarel, Louis Vuitton, etc..., abandonarán España o serán perseguidos, intervenidos y encarcelados. Lo mismo cabe decir de todos los promotores de pisos de España en los últimos 10 años, venden lo mismo cada día, mucho más caro, pero son los mismos pisos.
La incompetente Inspectora de la AEAT al frente de la operación, tuvo una visión, una corazonada y se lo contó a la Fiscalía, que tenía, según parece, gran interés en montar un numerito ese día; además de demostrar el poderío del Gobierno en el mundo empresarial. Pensemos bien, se fió de la Inspectora, sin más. Pero, como es natural, consultó con su jefe y alguien dijo que eso tenía que ver con Consumo. Llamaron al Ministerio de Consumo y, como no saben nada de nada -aunque cobras como si supieran-, dijeron una estupidez: "Es competencia de las Comunidades Autónomas y, de la que más, de la de MAdrid, pues allí están sus sedes principales. Consumo, el Ministerio, no sabía que era una competencia suya exclusiva y excluyente por mandato de, no una, sino dos leyes y, como no había cumplido ese mandato ni inspeccionó, ni supervisó, ni controló el sector y no pudo rebatir a la Inspectora de Hacienda, ni al Fiscal, dando luz verde a la operación. Además, recaería toda la responsabilidad en los directivos, por criminales y en su enemigo, el eficiente e incombustible consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, la máxima responsabilidad política. Miel sobre las hojuelas.
Esta secuencia de acontecimientos desafortunados -Inspectora de Hacienda, Fiscalía Anticorrupción y Ministerio de Consumo- provocó lo que hoy vivimos. La mayor crisis de consumo de nuestra historia y el atentado más grave a la libre iniciativa empresarial de nuestra historia democrática. Hay quien lo compara con Rumasa; craso error. Esto se parece mucho más a la voladura del diario Madrid. Se ha criminalizado incluso a las víctimas, los clientes. Los lectores del diario Madrid eran unos "rojos" malvados y los clientes de Fórum y Afinsa son unos avariciosos, cuando no coautores de esta "estructura mafiosa".
Por último, y no menos importante, Adicae y la OCU están jugando un papel destacado en la desinformación de las víctimas. Cuidado con lo que dicen y hacen estas dos asociaciones, o lo que sean, pues no es congruente con la defensa de los intereses de los afectados. Deben pedirles responsabilidades por su actuar y, más aún, por su no actuar. Han dicho de los clientes, las víctimas, que son consumidores listillos y, que de alguna forma, se merecen lo que les pasa. Adicae, su presidente, ha declarado que el Estado no debe responder de esta crisis, entonces, ¿cómo se van a resarcir las víctimas? Sus contradicciones son tan evidentes que dejan clara su falta de compromiso con las víctimas. Es cierto, ha recibido mucho dinero del Ministerio de Consumo. ¿Es su patrón? Seguirá la máxima de no morder la mano que le da de comer... Ya es hora de que muchas personas que de buena fe trabajan en estas asociaciones exijan que las mismas desarrollen una actividad tendente, de verdad, a solidarizarse con las vi´ctimas y a exigir responsabilidades al Ministerio de Consumo. Ya ha llamado alguna que otra persona de la plantilla, de estas asociaciones, preocupada por cual será su futuro si sus representados les exigen responsabilidad por no defenderlese convenientemente, por no oponerse con argumentos e individualmente a las notificaciones que han enviado los administradores judiciales. Esto va a acabar mal, es tiempo de pensar en ser leal a la defensa de los consumidores y tener cuidado de donde te metes y si por unos pocos miles de euros de hoy mañana te demandarán, con razón, miles de afectados.
La solución es sencilla, aunque trabajosa. Una, la reclamación judicial en la jurisdicción contenciosa administrativa de la responsabilidad patrimonial del Estado, tal y como la está planteando Ausbanc, para cada uno de los afectados, incluso de aquellos que están integrados en otras plataformas o asociaciones, incluso de algunos que movidos por la publicidad gubernamental han caído en las redes de Adicae o de la OCU. La otra salida consiste en que este Gobierno asuma con valentía y honestidad su decisión y compre todos los contratos a los clientes -parecido, pero a un precio correcto, a lo que hizo en la crisis del aeropuerto de El Prat- y se subrogue pagando lo que figura en los mismos. Ya que ha "nacionalizado" (intervenido y clausurado) y destrozado el sector.
Que cumpla y pague.



Comentario: No puedo colgar el archivo. Lo he copiado a mano. Pero el que quiera el documento, que me lo solicite, que se lo envío por correo electrónico.

Un saludo.